Apoyo a trabajadoras/es comunitarias/os, trabajadoras/es y médicas/os de Filipinas

Pronunciamiento de la RSMLAC en Nicaragua

 Las personas abajo firmantes, integrantes de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas en Nicaragua, condenamos enérgicamente la redada ilegal de la policía y el ejército de Filipinas y la posterior detención arbitraria de 43 trabajadores comunitarios de salud y médicos que se encontraban realizando una capacitación en Morong, provincia de Rizal, Filipinas el sábado 6 de febrero de 2010. Estos trabajadores de salud y médicos prestan servicios sanitarios a comunidades de escasos recursos y participaban en una capacitación para socorristas auspiciado por Community Medicine Foundation, Inc. (COMMED) y Council for Health and Development (CHD). El ejército confiscó todas sus pertenencias personales y los materiales utilizados en la capacitación.

 Según informes de los medios y la alianza por los derechos humanos KARAPATAN, alrededor de 300 soldados de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) del comando meridional de Luzón y miembros de la Policía Nacional (PNP) en la provincia de Rizal entraron por la fuerza a la residencia de campo de la Dra. Melecia Velmonte a las 6:15 a.m y pusieron en fila a todos los participantes en la capacitación. Después de registrarlos con violencia y vendarlos, los trasladaron al campamento militar de Capinpin, sede de la 202 Brigada de Infantería de las AFP, donde se les ha mantenido incomunicados desde entonces y se les ha negado el derecho a asesoría legal. Asimismo, se impidió que un equipo de la Comisión de Derecho Humanos visitara a los detenidos.

 Condenamos el mensaje enviado por el gobierno de que está bien que los médicos y enfermeras(os) de Filipinas vayan a trabajar al extranjero, pero si se quedan en el país para atender a la población pobre y desatendida son blanco de ataques injustos y detenciones arbitrarias. Estos trabajadores de salud detenidos ilegalmente son los socorristas que han atendido sin descanso a las comunidades afectadas por las inundaciones y los derrumbes posteriores a los tifones Ondoy y Pepeng del año pasado.

 Expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de estos profesionales de la salud que han comprometido su vida a brindar atención a las comunidades desatendidas de Filipinas. Nos sentimos igualmente consternados porque son nuestros impuestos los que financian las operaciones que el gobierno y ejército de Filipinas han puesto en marcha, en abierta violación a los derechos humanos fundamentales. Apoyamos las siguientes demandas de modo que puedan regresar de inmediato a sus hogares y a las comunidades que atienden sin que se sigan violando sus derechos humanos:

 1.que se libere de inmediato a las y los trabajadores de salud ilegalmente arrestados y detenidos en el campamento militar de Capinpin en Tanay, provincia de Rizal

 2.que el gobierno garantice la seguridad de las víctimas, que no se les cause ningún daño y que sus pertenencias les sean devueltas de inmediato

3.que se establezca sin demora un comité independiente de investigación integrado por representantes de grupos de derechos humanos, la Iglesia, el gobierno local y la Comisión de Derechos Humanos para que investigue la redada y detención ilegal de los trabajadores de salud que participaban en una capacitación para socorristas en Morong, Rizal

 4.que el ejército deje de calificar e identificar a las y los defensores de derechos humanos como “miembros de organizaciones fachadas de los comunistas” y de “enemigos del Estado”

 5.que el gobierno filipino, como signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recuerde que también es parte de los principales instrumentos de Derechos Humanos y, por consiguiente, está obligado a cumplir con todas sus disposiciones;

 6.que Estados Unidos retire de inmediato su ayuda militar al gobierno y ejército de Filipinas que siguen violando los derechos humanos y civiles de la población.

Managua. Nicaragua, 26 de mayo 2010